MEXICALI.- Por vía zoom, el director general adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, A.C. (AMDA), Guillermo Rosales Zárate, ofreció rueda de prensa a través de la cual manifestó su negativa, de manera tajante, a la regularización de automóviles irregulares.
Respecto a lo anterior, aludiendo a la declaración que hizo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su más reciente visita a Baja California.
Señaló Rosales Zárate que, «la situación de los propietarios de vehículos adquiridos en México es una condición de inequidad y esto favorece que se continúe con la introducción de los vehículos ilegales.»
Destacó que «a cada programa de regularización, no hay como compromiso ni como respuesta efectiva del gobierno de un control para impedir que nuevamente se inicie la cadena de introducción, primero unos cuantos, y luego mucho más abundantes y cuando ya se notan en todas partes de las ciudades, entonces se empieza argumentar la urgencia y necesidad de regularizarlos, porque se vuelve un compromiso y una demanda de los funcionarios públicos», dijo.
Ante esa práctica reiterada, dijo, «la gente está esperando ya la regularización, y esa es la lógica de las consecuencias negativas de este tipo de acciones de regularización como planteamiento del fenómeno y las consecuencias que tiene, es donde nosotros insistimos es buscar soluciones de fondo.»
Aludió a la decisión por Vicente Fox durante su mandato, las acciones que se realizaron fueron nulas para solucionar de fondo el fenómeno, lo que se ocasionó fue el incremento de parque vehicular chatarra introducido desde Estados Unidos, que saturó la infraestructura urbana, no únicamente de la región fronteriza en aquel momento se abrió la importación indiscriminada a todo el país y la problemática diseminó a lo largo del país y permitió un incremento del 50 por ciento de consumo de golosinas, además de que generó afectaciones a la hacienda pública.
Hizo referencia sobre un programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente, publicado en octubre del 2020, el cual analiza la problemática desde el lado de los países exportadores de vehículos y de la responsabilidad que tienen en la exportación de más de 14 millones de vehículos usados que no cumplen con las regulaciones de sus países de origen exportados entre 2015 y 2018 a Latinoamérica, África y Asia, a los países pobres con ausencia de disposiciones para controlar de importación o con reglas laxas como las que tiene México.
Destacó tajante: «Naciones Unidas es muy puntual al referir los efectos negativos, no únicamente en términos del medio ambiente, sino la utilización de la infraestructura pública y de que se debe asumir un compromiso global para impedir que se siga realizando este comercio que perjudica al planeta tierra.»
Agregó que no solo la AMDA se opone a la regularización, cualquier estudio serio y de largo alcance, aporta elementos para tomar una decisión y decir no a la regularización del contrabando automotriz.
Indicó que, en el 2005 el Centro Mario Molina llevó a cabo un estudio muy serio, el primero que se realizó en la materia, enfocado a Ciudad Juárez y acreditó la calidad ambiental de esos vehículos comparado con el promedio de los vehículos usados que circulaban en México y encontraron emisiones a veces del doble en algunos contaminantes comparados con el parque vehicular de nuestro país.
Por lo que concluyó que, «es el momento de hacer un alto en este fenómeno cíclico y exigirles a nuestras autoridades que asuman la responsabilidad, porque está muy claro quienes originaron este problema fueron los funcionarios del gobierno federal, estatal y municipales, que han venido tolerando la introducción y el comercio de los vehículos chuecos, y que yo les llamo contrabando automotriz», señaló finalmente Rosales Zárate.
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