TIJUANA.- Juan Gabriel López Ochoa, director de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 022 Tijuana, acusó que a la empresa Vidabac SA de CV de despojar a la comunidad universitaria un terreno contiguo a su sede en Otay que les ha pertenecido desde 1993.
“Ellos, la empresa Vidabac, hace tiempo fraccionaron ese terreno. Esos terrenos se donan a la universidad, eran dos hectáreas en aquellos años, te estoy hablando de los noventa, desde 1993. Y en 1997 se empieza a hacer uso del terreno con muchas limitantes, porque somos una institución pública”, dijo López Ochoa.
“Durante la administración del gobernador Kiko Vega se empieza a buscar un lugar para la construcción de un CRIT (Centro de Rehabilitación Infantil Teletón) y la empresa realizó una permuta de terrenos que terminaría en lo que ocurrió en diciembre, se metieron al predio rompiendo un diálogo que habíamos iniciado para mediar la situación”, agregó el académico.
Recordó fue la entonces titular de la Secretaría de Educación y Bienestar Social, María del Rosario Rodríguez Rubio, quien oficializó la propiedad a la Universidad Pedagógica Nacional de los poco más de 10 mil 450 metros cuadrados del predio hoy en disputa.
Pese al diálogo con el departamento jurídico de la actual Secretaría de Educación de Baja California, la universidad denunció que ya han pasado seis meses de esperar que las autoridades determinen la situación del predio que debió esclarecer la entonces titular de la Oficialía Mayor, hoy diputada local del PAN, Loreto Quintero Quintero.
Recordó fue la entonces titular de la Secretaría de Educación y Bienestar Social, María del Rosario Rodríguez Rubio, quien oficializó la propiedad a la Universidad Pedagógica Nacional de los poco más de 10 mil 450 metros cuadrados del predio hoy en disputa.
El también doctor en Educación señaló además a la entonces directora del DIF Estatal, Brenda Ruacho, quien ya es investigada por la Fiscalía General del Estado por su posible responsabilidad en varios delitos, como abuso de autoridad, peculado, enriquecimiento ilícito o fraude. Lo anterior a pesar de acuerdo reparatorio que la llevó a devolver 6.8 millones de pesos al Gobierno de Baja California.
FUENTE: EL MEXICANO
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